Resumen: Se desestima el recurso de casación siguiendo la doctrina jurisprudencial anterior fijada en la STS núm. 1340/2022, de 20 de octubre de 2022. No se opone a que aquellas ayudas o subvenciones públicas, de las que resulten beneficiarios trabajadores por cuenta ajena sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo o trabajadores autónomos, que tenga como finalidad subvenir a situaciones de emergencia social (como las contempladas en la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19), gocen de la prerrogativa de inembargabilidad parcial frente a deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social, al resultar aplicable el límite establecido en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Resumen: Se discute en instancia el carácter embargable de las ayudas concedidas por el Gobierno de Cantabria a personas físicas o jurídicas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo aprobadas en el marco de la pandemia COVID-19 y, en su caso, la aplicación del art. 607 LEC. El Tribunal Supremo reitera doctrina contenida en sentencia de 13 de diciembre de 2023 (rec. 8272/2022), en interpretación sistemática de los arts. 2.1.b) y c) de la Ley General de Subvenciones, en relación con el art. 23.1 de la Ley General Presupuestaria y art. 607 LEC: estas ayudas son susceptibles de embargo, sin que gocen del privilegio de inembargabilidad plena o absoluta al no ser encuadrables en el concepto de "bienes y derechos patrimoniales que se encuentran materialmente afectados a un servicio público o a una función pública", sino que pueden caracterizarse como compensación económica por la pérdida de ingresos debida a la inactividad derivada de la declaración del estado de alarma; estas ayudas se incorporan al patrimonio del beneficiario el cual no está obligado a ejecutar ningún proyecto ni a desarrollar ninguna actividad que tenga como objeto la prestación de servicios públicos o la realización de funciones públicas de interés general. Sobre estas subvenciones se aplica el art. 607 LEC referido al límite sobre el embargo de salarios, sueldo, pensión, retribución o equivalente que no exceda del salario mínimo interprofesional, para preservar el mínimo económico vital necesario.
Resumen: Se rechaza solicitud de aclaración/rectificación de sentencia. Disconformidad con imposición de costas procesales
Resumen: Recurre por la vía del art. 219.3 LRJS el Ministerio Fiscal la sentencia de la Sala del País Vasco que declara la nulidad de la decisión empresarial de reanudar la actividad desde el 2/4/20, con fundamento en la nota interpretativa del RD 10/20 del Ministerio de Industria de 31/3/20. Además, la sentencia condena a la empresa abonar una indemnización por daños morales de 50.000 €. La Sala IV comienza por declarar admisible el recurso de casación unificadora interpuesto y legitimado al Ministerio Fiscal a tal efecto, por no existir sentencias en las que fundar la contradicción. En cuanto a la cuestión prejudicial relativa a la validez de la nota ministerial de 31/3/20, se indica que no se denuncia su nulidad -que no ha sido declarada por la jurisdicción contenciosa competente- sino su inaplicación por haber sido emitida por órgano incompetente, lo que puede ser analizado por el orden social. Se rechaza la denuncia de incongruencia de la sentencia de suplicación. La Sala IV, teniendo en cuenta las normas dictadas a raíz de declararse el estado de crisis sanitaria Covid 19, considera que la nota interpretativa fue dictada por órgano incompetente, pues no lo era el Ministerio de Industria, sino el de Sanidad. Sin que la falta de cuestionamiento por el propio Ministerio de Industria en la nota de su competencia suponga una convalidación tácita de la misma. En consecuencia, la decisión empresarial no puede fundarse en un acto administrativo inválido. Desestima el recurso.
